El estado de la administración electrónica en la Unión Europea y en España: análisis de estrategias digitales y de indicadores internacionales

Enfoque

La transición digital es un elemento clave para el desarrollo social y económico de la Unión Europea. Durante los años 2020 y 2021, la Comisión Europea estableció las políticas base para la transformación digital de Europa durante la década del 2020 al 2030. Este estudio pretende abordar el estado actual de la administración electrónica y de los servicios públicos digitales de la Unión Europea y de España como caso de estudio individual.  Por lo tanto, esta investigación se divide en dos partes: la primera es la identificación de las declaraciones y estrategias digitales de la Comisión Europea relacionadas con la digitalización y la segunda es la identificación y análisis de índices de evaluación del gobierno electrónico. En la primera parte se realiza un análisis de cuatro documentos clave:  la Berlin Declaration on Digital Society and Value-based Digital Government, el 2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade, la European Declaration on Digital Rights and Principles o la European Commission Digital Strategy. En la segunda parte se analizan qué informes sobre gobierno electrónico se han publicado para medir su desarrollo por los distintos países y cómo se monitorean y evalúan los servicios de administración electrónica.  Se identifica quién lo realiza, de qué indicadores se componen y cuáles son los datos de la Unión Europea. Asimismo, se lleva a cabo una metodología similar para España, con el objeto de identificar qué programas se llevan a cabo en relación con la transformación digital y si están en la línea de lo marcado por la Comisión Europea. También se recogen datos de Eurostat para conocer qué variables e indicadores se utilizan para evaluar el estado de la administración electrónica en la Unión Europea y en España. En lo referente a los servicios de administración electrónica, su progreso es desigual a lo largo de los Estados Miembros. Además, hay menos servicios dirigidos a la ciudadanía que a las empresas. En general, todos los estados miembros tienen como objetivo mejorar el acceso y el uso de estos servicios para hacerlos más amigables para la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta sus necesidades mediante mayor participación ciudadana y para obtener la visión de todos los stakeholders en el proceso de diseño de los servicios. En el caso de España, se sitúa dentro de los primeros en los índices de desarrollo de administración electrónica. Sin embargo, existe una clara brecha digital en el uso de estos servicios, condicionada por el nivel de educación, la edad, el salario y el género.